Donde hay camisetas verdes, está la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Este color se ha convertido, junto al rojo de la señal de Stop Desahucios, en la carta de presentación de este movimiento social. La PAH Valencia es al mismo tiempo una plataforma de asesoramiento y apoyo a los afectados y un movimiento social de carácter político que trata de influir en la actividad de las instituciones, poniendo el foco en los problemas hipotecarios y de alquileres, principalmente mediante su propuesta a nivel estatal de Ley de Vivienda PAH.
Asesoría colectiva
Cada dos viernes, los afectados se reúnen en asamblea de asesoramiento en la calle Juan de Mena, 18. La orden del día sería algo así: Charla motivacional, boletín de últimas novedades y manifestaciones programadas, turno de palabra para el colectivo invitado, enlace a Psicólogos sin Fronteras y división de los participantes por grupos de asesoramiento en función de los bancos: Bankia, Santander, Sabadell, bancos pequeños… Cada banco tiene su coordinador, una especie de veterano que en ningún caso ocupa un escalón superior en el organigrama dado que todo funciona de forma asamblearia, y se analiza la situación de cada uno de los afectados.
El asesoramiento consiste en la exposición de las opciones que tiene el afectado—dación en pago, real decreto, moratoria, recurrir a titulización…— y en algunos casos incluso de acompañamiento en las negociaciones con el banco: «Igual si vas tú solo a negociar, el director del banco se ríe en tu cara pero si vamos varios con las camisetas verdes a la puerta ya no le hace tanta gracia», afirma José Luis González, coordinador del grupo Bankia sobre el poder de presión que tiene la PAH.
Este apoyo legal vino dado primero por un equipo de abogados solidarios y después por un servicio jurídico de vivienda puesto por el gobierno de Compromís al llegar al Ayuntamiento, aunque en ambos casos se limita a tareas de asesoramiento e información, nunca de defensa de casos individuales puesto que el número es muy grande.
Protesta y propuesta
Durante los ocho años de vida de la PAH, la presión ejercida a los bancos ha dado algunos frutos. Primero, a nivel estatal el número de lanzamientos hipotecarios se ha reducido desde los 70.257 del oscuro 2012 a los 60.754 de 2017—13,53% de desahucios menos—, aunque la Comunitat Valenciana sigue siendo la segunda región con mayor número de lanzamientos durante el último año, con un total de 3.885. Ya en 2012, la PAH presentó una iniciativa popular que el gobierno de Mariano Rajoy tumbó, aunque a cambio aprobaría un código de buenas prácticas en el que invitaba a los bancos a que aceptasen la dación en pago en situaciones extremas y alquileres sociales que tras tres o cinco años expiran y el banco vuelve a pedir un alquiler a precio de mercado.
En la actualidad, la propuesta de Ley de Vivienda PAH parece estar siguiendo el mismo camino tanto a nivel estatal como de la Comunitat Valenciana, puesto que el veto del PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso impide que llegue a debate en la cámara. A nivel regional, a principios de 2017 la Generalitat aprobó la Ley por la función social de la vivienda que recoge algunos puntos de la actual propuesta—derecho subjetivo a la vivienda, el registro de viviendas desocupadas en propiedad de los bancos para evitar fines especulativos y la protección de los suministros de agua y electricidad—pero el Gobierno central recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional al considerar que sobrepasaba competencias autonómicas, y logró su derogación hasta que a finales de marzo de este año se levantó la suspensión de la mayoría de sus artículos.
Frente a estos roces, no es difícil entender que la mayoría de las protestas de la PAH sean contra PP y Ciudadanos: #UnaSillaParaBonig, el 21 de febrero frente a las Cortes; el escrache en la sede de Ciudadanos, el 20 de marzo; o la multitudinaria protesta que congregó a las PAH de todo el Estado el pasado 3 de marzo en Madrid camino a Génova. El concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, Narciso Estellés, afirma que su partido está junto a las reivindicaciones de los afectados por la hipoteca pero la negativa a sus propuestas, tanto a nivel municipal como regional, tiene que ver con las discrepancias sobre el derecho a la propiedad en lo que respecta a las consideraciones de la ocupación. «Si esa propiedad ocupada pertenece a un individuo que espera que su hijo se ponga a vivir ahí es un ámbito distinto que si esa propiedad pertenece a un banco que la ha expropiado», explica Estellés.
No obstante, la plataforma valenciana también ha señalado un progresivo enfriamiento de las relaciones con el tripartito desde aquellos primeros momentos de romance en los que incluso la por aquel entonces concejala de Vivienda, María Oliver, acudió a la paralización del desahucio de una afectada. «Últimamente hay que amenazarles para que nos den una vivienda de emergencia y todavía no nos han dicho las viviendas sociales que hay en Valencia ni en qué condiciones están. Estamos esperando a tener reuniones y que esto fluya de nuevo pero si no pasa, aquí estamos para dar caña a unos y a otros», afirma Mari Carmen Salcedo, coordinadora del grupo Santander y de las relaciones con el Ayuntamiento de la PAH Valencia.
Cacerolada por Valencia 