Sodepau, por los de aquí y los de allí

Sodepau es el instrumento a través del cual se canaliza el movimiento social internacional Vía Campesina en el Comunitat Valenciana y el resto del Estado español. De hecho, formalmente Sodepaz nació en los años 80 como una ONG y, aunque continúa con la cooperación —siempre de carácter político y nunca económico—, se constituye como un instrumento de movilización y estructuración ciudadana alrededor de la defensa de los Derechos Humanos en general y de protección de los agricultores y transformación de los modelos de producción y consumo mundiales en particular.

Bajo el arco de una ideología anticapitalista, Sodepau se estructura en tres ejes: la cooperación al desarrollo internacional de carácter político, por ejemplo, su apoyo a la  Limeddh y movimientos vecinales y estudiantiles en Latinoamérica; la participación en el movimiento internacional Vía Campesina de defensa de la tierra y el trabajo de los agricultores contra las grandes industrias agroalimentarias; y en la escala local por una parte participa en plataformas unitarias contra la Ley Mordaza o los desahucios, la salida del Euro, de defensa de la huerta valenciana…, y por otra trabaja en la creación de redes de producción y consumo responsables de alimentos.

Huertos de CSOA L'Horta en Benimaclet. // Concha Molina
Huertos de CSOA L’Horta en Benimaclet. // Concha Molina

Agricultores de aquí y de allá

«A medida que avanzaron los años entendimos que cualquier transformación tenía que pasar por las sociedades centrales para cambiar las periféricas», explica así Isabel de la Cruz, miembro de la sede valenciana de Sodepau, su transformación desde una organización basada en la cooperación internacional a un actor de estructuración de sociedades locales. Las temáticas sobre los que se manejan son diversas, aunque es la aplicación de los principios de la Vía Campesina en nuestro territorio los que nos interesan.

Estos principios se refieren a la protección del trabajo y las propiedades de los agricultores de aquí y de la India frente a la actividad de las grandes superficies que presionan con los precios dejando escaso margen de beneficio a los productores, e incluso acaba expulsándolos de sus tierras ya sea directa o indirectamente al no darles opción a vivir de su trabajo. Esto además se ve acentuado por la importación de productos desde la UE o incluso  de terceros países que presionan más a los productores que los están produciendo aquí: «Es un despropósito que los camiones vayan subiendo y bajando fresas desde Francia», manifiesta Isabel de la Cruz.

¿Qué ocurre con un país que ha de comprar fuera su alimento básico? Llegará un día en que te dejen sin comer

Ante esta situación, la Vía Campesina en su variante valencia estructura la sociedad civil valenciana a través de la creación de una red de cooperativas de productores y consumidores de proximidad y de la reivindicación frente a instituciones políticas y económicas a todas las escalas. Esta sociedad organizada crea así unos modelos de producción y de consumo alternativos a los de la gran industria y el comercio internacional donde la acción diaria de hacer la compra se convierte en un acto político para cambiar las cosas.

Huertos de CSOA L'Horta en Benimaclet. // Concha Molina
Huertos de CSOA L’Horta en Benimaclet. // Concha Molina
Frente a las instituciones políticas y económicas

Dentro de esta reivindicación, Sodepau estructura la movilización frente a las instituciones políticas y económicas para modificar leyes o conquistar pequeños espacios. Por ejemplo, la sugerencia de que las instituciones valencianas utilicen productos de comercio justo en sus sedes o la campaña para que los comedores escolares utilicen alimentos de proximidad. O la más conocida defensa de la huerta valenciana, en la que junto a otros tantos colectivos que han logrado la aprobación de la Ley que protegerá lo poco que queda de ella.

Huertos de CSOA L'Horta en Benimaclet. // Concha Molina
Huertos de CSOA L’Horta en Benimaclet. // Concha Molina

Al mismo tiempo que dan estos pequeños mordiscos en la escala local, compaginan su actividad de presión a nivel global contra instituciones como la Unión Europea, el Banco Mundial o la Organización Internacional del Trabajo. También entes privados como la BP, Repsol o Inditex. «Es muy complicado proteger debidamente cuando están otros intereses potentes a los que no se pone freno. Puede que el Ayuntamiento tenga una intención correcta pero luego deba a hacer frente otros poderes e intereses contrarios ya sean políticos o privados», explica De la Cruz quien reconoce una mayor sensibilidad con la producción de proximidad pero también pide más legislación para permitir que la población rural tenga razones para continuar en los espacios y actividades agrícolas. Además, plantea que esta opción por el comercio de proximidad será obligatorio en el futuro puesto que el modelo actual es ecológicamente insostenible. No queda otra que practicar el pasito a pasito en un camino tan largo.

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Iaioflautes Valencians: “Salimos a defender lo nuestro y a los que vienen después”

Los Iaioflautes viven los tres tiempos verbales a la vez. El pasado, en el que ya salieron a la calle para conquistar algunos derechos. El presente, en el que salen para conseguir unas «pensiones dignas». Y el futuro, del que les preocupan también las pensiones que sus hijos y nietos van —o no— a recibir. Durante los últimos meses, raro es el día en el que no hayamos oído hablar de pensiones y si acaso también de los Iaioflautes o de otras organizaciones como la Coordinadora Estatal por las Pensiones y sindicatos que han salido a la calle para que el Gobierno central tuviera en cuenta sus reivindicaciones, como así parece haber ocurrido.

Concentración de Iaioflautes Valencians en la Plaza de la Virgen el lunes 23 de abril. // Concha Molina
Concentración de Iaioflautes Valencians en la Plaza de la Virgen el lunes 23 de abril. // Concha Molina

Espíritu 15M con arrugas

El discurso de los pensionistas reunidos en Iaioflautes Valencians es bastante homogéneo desde su fundación, como otros muchos movimientos sociales, a partir de las acampadas del 15M. Es un discurso más bien enfadado con el Partido Popular —recordemos el «Rajoy, ladrón, nos robas la pensión»—, a quien achacan, junto a la corrupción y a la falta de políticas sociales frente a los gastos en grandes infraestructuras como las autopistas, el problema del sistema de pensiones. «Los pensionistas han conectado más con la gente joven que con las generaciones que están en medio. Los jóvenes se han reconocido en ellos y han visto cómo se han puesto al lado de algunas de sus reivindicaciones y han demostrado una enorme capacidad de continuar en la calle», afirma al respecto la periodista Raquel Andrés.

No obstante, también se les puede ver participando en reivindicaciones junto a otros movimientos y plataformas vecinales: los hemos visto en las concentraciones a raíz del juicio de ‘la Manada’; saliendo a la calle contra la Ley Mordaza, aplicada por cierto a algunos de sus miembros que están a la espera de juicio; apoyando las reivindicaciones en torno a la dependencia o de la PAH; acudiendo a concentraciones contra el TTIP o de Obrim Fronteres… También salieron el 14 de abril para celebrar el aniversario de la República. El arraigo con el espíritu del 15M es evidente.

Concentración de Iaioflautes Valencians el lunes 16 de abril en la Plaza del Ayuntamiento. // Concha Molina
Concentración de Iaioflautes Valencians el lunes 16 de abril en la Plaza del Ayuntamiento. // Concha Molina

Doble perspectiva geográfica

Al tratarse de una reivindicación a escala estatal, la mayoría de los mensajes de todos los Iaioflautas repartidos en el Estado se dirigen al Gobierno central y dejan de lado en sus pancartas a sus gobiernos locales, carentes de competencia para regular sobre las pensiones. Sin embargo, el empuje ejercido por las manifestaciones en Valencia ha hecho que las instituciones regionales ejerzan también presión política vía enmiendas e iniciativas.

De hecho, Compromís ha presentado una iniciativa en Les Corts para presionar al Gobierno central a priorizar el gasto de pensiones frente a la puesta en marcha de un nuevo Programa Especial de Armamento. En el Congreso, Compromís ha anunciado que pese a mantener la enmienda al borrador de los PGE, sí apoyará la subida de pensiones. Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha propuesto que las pensiones se blinden en la Constitución. Precisamente en las movilizaciones del último mes ha podido verse a algunos de los representantes del tripartito junto a los pensionistas, entre ellos la propia Oltra, el alcalde valenciano Joan Ribó o el conseller de Hacienda, Vicent Soler. «Al final aunque tengas un gobierno autonómico o local progresistas, las competencias son de Madrid e intentas llevar esas reivindicaciones y estar al lado de las personas», afirma el politólogo y asesor de Compromís, Amadeu Mezquida.

Mientras tanto, la presidente del PPCV Isabel Bonig se ha pronunciado sobre las pensiones echando un capote a Mariano Rajoy y tildando de “populismo” y “demagogia” la acciones de la izquierda y, como el resto de miembros de su partido, recordando que el PSOE congeló las pensiones. Además, ha iniciado la campaña ‘Lo que importa a las personas’, una especie de gira electoral a favor de las medidas del PP sobre las pensiones y el régimen de autónomos.

pensiones ipc
Concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Iaioflautes Valencians el 16 de abril. // Concha Molina

En definitiva, durante el último mes hemos visto el poder que la movilización ciudadana puede ejercer en las decisiones de los cargos políticos. En solo un mes, el Gobierno central ha cambiado su discurso desde el “no hay dinero” a acceder a subir las pensiones a niveles del IPC y retrasar el factor de sostenibilidad. Con todo, los Iaioflautas acumulan mucho enfado y no acaban de confomarse con un parche que no plantea la necesaria reforma en profundidad que necesita el sistema de pensiones español.

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Lo que pedían y lo que han conseguido los pensionistas

Los titulares del 22 de marzo de 2018 en los diarios digitales españoles fueron bastante homogéneos: Los pensionistas salen a la calle en toda España para pedir pensiones dignas. En Valencia la semana fallera estaba recién acabada cuando miles de pensionistas organizados en sindicatos y colectivos salieron, pancarta y megáfono en mano, a hacer ruido. Gritos de “Rajoy, ladrón, nos robas la pensión”, “¡Que sí, que sí, que sí hay dinero!” y pancartas que exigían la revalorización de las pensiones conforme al IPC pero que también reclamaban las pensiones del mañana fueron la imagen en las calles y pantallas en todo el territorio.

En concreto, las concentraciones se han articulado en torno a la eliminación del 0,25% de revalorización de las pensiones que el Gobierno central fijó al inicio de la crisis, puesto que en la práctica supone una pérdida del poder adquisitivo ante las subidas del IPC al 1,6%; una pensión mínima de 1.000 euros y la derogación del factor de sostenibilidad que iba a entrar en vigor en 2019 para añadir la esperanza de vida —factor de equidad intergeneracional— y el equilibrio de las arcas públicas para el cálculo de las pensiones.

Justo 34 días después de aquel 22 de marzo, sale el anuncio del acuerdo del PNV con el Gobierno para subir las pensiones a nivel del IPC durante dos años y el retraso del factor de sostenibilidad hasta 2023 a cambio de que permitan que los Presupuesto del Ejecutivo de Mariano Rajoy sigan adelante mediante el rechazo de todas las enmiendas presentadas por otros partidos. Dos de tres reivindicaciones han sido escuchadas.

Miembro de Iaioflautas durante la concentración del 23 de abril en la Plaza de la Virgen. // Cocha Molina
Miembro de Iaioflautas durante la concentración del 23 de abril en la Plaza de la Virgen. // Cocha Molina

Sin embargo, cabe remitir a otra de las pancartas que los Iaioflautas han ondeado durante las manifestaciones. «No somos conejos y no queremos zanahorias. Exigimos una pensión digna». La proclama hace referencia a las declaraciones de Cristóbal Montoro en junio del año pasado en las que el ministro de Hacienda decía guardarse algunas «zanahorias» de cara al final de la legislatura, es decir, las próximas elecciones generales. Hacía referencia a las reducciones del IRPF pero el mensaje es aplicable también a esta repentina subida en las pensiones después de definir este aumento como «anticuado» y de repetir por activa y por pasiva que no hay dinero para aplicar las reivindicaciones de los pensionistas. Por el momento, Montoro tan solo ha planteado aplicar un impuesto a grandes tecnológicas para ayudar a financiar las pensiones, inspirado en la propuesta de la Comisión Europea y que valorará el Pacto de Toledo.

 

Fuente: EFE

 

Sobre esta subida pueden hacerse muchas lecturas. Los Iaioflautas hacen la de las zanahorias de cara a las elecciones, algunos hablan de una estrategia de Mariano Rajoy para salvar la legislatura y otros directamente la consideran una cortina de humo de la que todavía puede escaparse si el Pacto de Toledo alcanza un acuerdo sobre un nuevo índice para revalorizar las pensiones. La lectura más interesante, sin embargo, es la que reconoce el poder de la presión ejercida por los pensionistas movilizados durante el último mes. «La capacidad de organización y movilización de los pensionistas ha servido para hacernos a todos más conscientes del problema y visibilizar a esa generación que se siempre se cuenta como la mayoría silenciosa o que siempre se han encasillado en posiciones más conservadores y ahora están mostrándose capaces de representarse a ellos mismos», describe el secretario general de Podem-País Valencià, Antonio Estañ.

Concentración de Iaioflautes valencians el 23 de abril en la Plaza de la Virgen. // Concha Molina
Concentración de Iaioflautes valencians el 23 de abril en la Plaza de la Virgen. // Concha Molina

Todo señala que las movilizaciones van a continuar pese a esta victoria. Recordemos que aún queda en el tintero su reivindicación de pensión mínima de 1.000 euros; que la aplicación del factor de sostenibilidad tan solo se ha retrasado y desde luego no se ha abordado todavía una reforma profunda del sistema de pensiones, tan solo se ha puesto un «parche» según la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones que seguiría sin asegurar las pensiones del mañana, que aparecen también en las pancartas y gritos de los pensionistas.

 

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Salvem el Cabanyal: Veinte años de lucha, ¿y ahora qué?

«Nos vamos a ir todos a casa y vamos a pensar qué puedo hacer yo por mi barrio». Esta afirmación resume el espíritu de la plataforma Salvem el Cabanyal durante sus veinte años de vida y lucha contra el Ayuntamiento del Partido Popular para tumbar el PEPRI. Este colectivo está formado por vecinos del Cabanyal-Canyamelar contrarios plan urbanístico que en 1997 pretendía unir Valencia al mar a costa de un barrio que había sido recién declarado BIC.

La resistencia del colectivo a la prolongación se ha traducido durante todos estos años en una batalla repartida entre la calle y los tribunales: de caceroladas y oposición a los derribos; de decretos-ley y apelaciones al Ministerio de Cultura y el Tribunal Supremo contra un plan que el PP del Ayuntamiento y la Generalitat se empeñaban en seguir aplicando pese a que instituciones judiciales y políticas superiores tildaron todo aquel proceso de expolio. Esta carrera judicial forma una entrega en versículos que la plataforma ha detallado en su página web.

Solar en la calle Escalante. // Concha Molina
Solar en la calle Escalante. // Concha Molina

El punto y a parte de esta larga etapa—entre 1997 y 2014— queda escenificado por la concurrida manifestación del 6 de abril de 2014, que pedía la redacción de un nuevo plan urbanístico con participación ciudadana. En paralelo a estas reivindicaciones, las municipales de mayo de 2015 y el cambio de sillas en el Ayuntamiento y la Generalitat inician una nueva etapa de relaciones institucionales. De hecho, muchas de las caras que un año después llegarían al gobierno, acudieron a aquella manifestación en favor del Cabanyal  y el mismo año todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, firmaron un manifiesto por la rehabilitación del barrio. Una vez en la alcaldía, Joan Ribó recibe por primera vez en un despacho consistorial a la plataforma Salvem el Cabanyal. Se abre un nuevo ciclo.

Hay mucho que arreglar

Para entonces el Cabanyal presentaba un aspecto envejecido, lleno de marcas de expresión de un proceso que creó conflicto y degradación donde antes solo había un barrio olvidado. «Empezaron a usar la pobreza, a comprar casas deshabitadas para derribarlas, introduciendo marginalidad… Todo dentro de una estrategia de mobbing para que el vecino vendiera su casa sí o sí», afirma Maribel Domenech, portavoz de Salvem el Cabanyal. Narcosalas, trapicheos, ruido, conflictos vecinales, delincuencia… siguen siendo la tónica del —todavía— conflicto del Cabanyal-Canyamelar. En octubre de 2017, las quejas de los vecinos lograron la instalación de un retén de la Policía Local en la zona cero, uno de los principales focos de conflicto a nivel urbanístico y vecinal junto a los bloques portuarios.

Calle de la Barraca en el Cabanyal. // Concha Molina
Calle de la Barraca en el Cabanyal. // Concha Molina

Respecto a la degradación visual del barrio, la de las casas e instalaciones, se han iniciado ya algunas actuaciones a través de los fondos del ARRU del Ministerio de Fomento para rehabilitaciones privadas en casas y el plan Confianza y el EDUSI europeo para obras públicas. Sin embargo, la zona cero sigue en el mismo punto y la inquietud ante la incierta duración de los plazos crece entre los vecinos, que siguen apretando las tuercas al Ayuntamiento. Y queda pendiente la redacción en curso del —no libre de polémica— Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar.

A estos viejos problemas, ahora hay que sumarle otros nuevos como la burbuja inmobiliaria en constante crecimiento a raíz de la atracción de inversores extranjeros que compran viviendas en la zona para vivir o alquilar. El riesgo de que el barrio marinero se convierta en una zona de apartamentos turísticos, con los problemas de gentrificación y masificación, preocupa a los vecinos. En la otra cara de la moneda, continua el asunto de las ocupaciones sobre las que ninguna iniciativa ha profundizado todavía.

Todavía en la calle

Casa del Cabanyal en la calle Josep Benlliure. // Concha Molina
Casa del Cabanyal en la calle Josep Benlliure. // Concha Molina

A partir de la unión de los vecinos contra el PEPRI —no todos los vecinos del barrio marinero se opusieron a él— surgieron las caceroladas que durante los primeros años sonaban cada noche desde los balcones del barrio; las muchas manifestaciones, algunas al uso y otras acompañadas de performances; dramáticas paralizaciones de derribos; asambleas generales para informar de los avances… Protestas que han continuado aún con el PEPRI tumbado y el nuevo gobierno, como la que trasladó el pasado mes de junio el cargado ambiente de la zona cero al centro de Valencia.

Fuente: Miguel Giménez Rodríguez (Usuario Youtube)

Otra herramienta fundamental para los vecinos ha sido la cultura en general y el festival Portes Obertes en particular. «El festival ha sido una herramienta fundamental para visibilizar el problema más allá de Valencia a nivel nacional e internacional», recuerda la portavoz de la plataforma quien añade que además es un momento de recuperar la autoestima. Ante la degradación, hubo una reacción cultural que fortaleció la estructura vecinal: festivales de música, exposiciones, monográficos autoeditados que luego han vendido, rutas guiadas, talleres… que han permitido que el corazón del Cabanyal siguiera latiendo durante estos años.

La tradición de
La tradición de “tomar la fresca” pervive en el barrio marinero del Cabanyal. // Concha Molina

Relaciones diplomáticas

A partir de la redacción del PEC, la crispación en las relaciones vecinos-administración se ha agudizado ante el descontento con el plano que ha presentado el borrador , en concreto con la previsión de construir 1.500 viviendas a costa de las zonas verdes de Doctor Lluch e instalaciones deportivas. Esta tensión se evidenció en la asamblea general junto a técnicos del Ayuntamiento que se celebró el pasado 28 de febrero para explicar a los vecinos el plan y que estos presentaran sus impresiones. Sobre los temas desarrollados en ella, se manifestó pocas horas después el propio Joan Ribó en favor de las quejas vecinales.

La falta de información y comunicación por parte del Ayuntamiento es otro punto de discordancia planteado por Salvem el Cabanyal. “El proyecto se presentó en octubre pero nosotros no tuvimos noticia del borrador hasta finales de diciembre”, ha señalado Faustino Villora, portavoz de la Plataforma. Por su parte, el equipo de redacción del plan se escuda en el carácter de borrador del documento y pide paciencia a los vecinos. Días después de la asamblea general el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Vicent Sarrià, se reunió con Salvem el Cabanyal y el equipo redactor para dialogar e incluir las reivindicaciones vecinales en las modificaciones que se realizarán a partir del primer borrador. Días después, las tres partes representaron este diálogo en La Ser. Pedir plazos parece demasiado arriesgado en este punto y solo cabe preguntarse hasta dónde llegará la paciencia de un colectivo vecinal que lleva años resistiendo.

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Socorrer, empoderar, luchar: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Los miembros de la PAH, siempre con las camisetas y polos «Stop Desahucios» . // Concha Molina

Donde hay camisetas verdes, está la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Este color se ha convertido, junto al rojo de la señal de Stop Desahucios, en la carta de presentación de este movimiento social. La PAH Valencia es al mismo tiempo una plataforma de asesoramiento y apoyo a los afectados y un movimiento social de carácter político que trata de influir en la actividad de las instituciones, poniendo el foco en los problemas hipotecarios y de alquileres, principalmente mediante su propuesta a nivel estatal de Ley de Vivienda PAH.

Asesoría colectiva

Cada dos viernes, los afectados se reúnen en asamblea de asesoramiento en la calle Juan de Mena, 18. La orden del día sería algo así: Charla motivacional, boletín de últimas novedades y manifestaciones programadas, turno de palabra para el colectivo invitado, enlace a Psicólogos sin Fronteras y división de los participantes por grupos de asesoramiento en función de los bancos: Bankia, Santander, Sabadell, bancos pequeños… Cada banco tiene su coordinador, una especie de veterano que en ningún caso ocupa un escalón superior en el organigrama dado que todo funciona de forma asamblearia, y se analiza la situación de cada uno de los afectados.

Miembros de la PAH Valencia en la protesta #UnaSillaParaBonig frente a las Cortes. // Concha Molina
Miembros de la PAH Valencia en la protesta #UnaSillaParaBonig frente a las Cortes. // Concha Molina

El asesoramiento consiste en la exposición de las opciones que tiene el afectado—dación en pago, real decreto, moratoria, recurrir a titulización…— y en algunos casos incluso de acompañamiento en las negociaciones con el banco: «Igual si vas tú solo a negociar, el director del banco se ríe en tu cara pero si vamos varios con las camisetas verdes a la puerta ya no le hace tanta gracia», afirma José Luis González, coordinador del grupo Bankia sobre el poder de presión que tiene la PAH.

Este apoyo legal vino dado primero por un equipo de abogados solidarios y después por un servicio jurídico de vivienda puesto por el gobierno de Compromís al llegar al Ayuntamiento, aunque en ambos casos se limita a tareas de asesoramiento e información, nunca de defensa de casos individuales puesto que el número es muy grande.

Protesta y propuesta

Durante los ocho años de vida de la PAH, la presión ejercida a los bancos ha dado algunos frutos. Primero, a nivel estatal el número de lanzamientos hipotecarios se ha reducido desde los 70.257 del oscuro 2012 a los 60.754 de 2017—13,53% de desahucios menos—, aunque la Comunitat Valenciana sigue siendo la segunda región con mayor número de lanzamientos durante el último año, con un total de 3.885. Ya en 2012, la PAH presentó una iniciativa popular que el gobierno de Mariano Rajoy tumbó, aunque a cambio aprobaría un código de buenas prácticas en el que invitaba a los bancos a que aceptasen la dación en pago en situaciones extremas y alquileres sociales que tras tres o cinco años expiran y el banco vuelve a pedir un alquiler a precio de mercado.

Miembros de la PAH Valencia en la protesta #UnaSillaParaBonig frente a las Cortes. // Concha Molina
Miembros de la PAH Valencia en la protesta #UnaSillaParaBonig frente a las Cortes. // Concha Molina

En la actualidad, la propuesta de Ley de Vivienda PAH parece estar siguiendo el mismo camino tanto a nivel estatal como de la Comunitat Valenciana, puesto que el veto del PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso impide que llegue a debate en la cámara. A nivel regional, a principios de 2017 la Generalitat aprobó la Ley por la función social de la vivienda que recoge algunos puntos de la actual propuesta—derecho subjetivo a la vivienda, el registro de viviendas desocupadas en propiedad de los bancos para evitar fines especulativos y la protección de los suministros de agua y electricidad—pero el Gobierno central recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional al considerar que sobrepasaba competencias autonómicas, y logró su derogación hasta que a finales de marzo de este año se levantó la suspensión de la mayoría de sus artículos.

Frente a estos roces, no es difícil entender que la mayoría de las protestas de la PAH sean contra PP y Ciudadanos: #UnaSillaParaBonig, el 21 de febrero frente a las Cortes; el escrache en la sede de Ciudadanos, el 20 de marzo; o la multitudinaria protesta que congregó a las PAH de todo el Estado el pasado 3 de marzo en Madrid camino a Génova. El concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, Narciso Estellés, afirma que su partido está junto a las reivindicaciones de los afectados por la hipoteca pero la negativa a sus propuestas, tanto a nivel municipal como regional, tiene que ver con las discrepancias sobre el derecho a la propiedad en lo que respecta a las consideraciones de la ocupación. «Si esa propiedad ocupada pertenece a un individuo que espera que su hijo se ponga a vivir ahí es un ámbito distinto que si esa propiedad pertenece a un banco que la ha expropiado», explica Estellés.

La camiseta verde y la señal roja son la carta de presentación de la PAH. // Concha Molina
La camiseta verde y la señal roja son la carta de presentación de la PAH. // Concha Molina

No obstante, la plataforma valenciana también ha señalado un progresivo enfriamiento de las relaciones con el tripartito desde aquellos primeros momentos de romance en los que incluso la por aquel entonces concejala de Vivienda, María Oliver, acudió a la paralización del desahucio de una afectada. «Últimamente hay que amenazarles para que nos den una vivienda de emergencia y todavía no nos han dicho las viviendas sociales que hay en Valencia ni en qué condiciones están. Estamos esperando a tener reuniones y que esto fluya de nuevo pero si no pasa, aquí estamos para dar caña a unos y a otros», afirma Mari Carmen Salcedo, coordinadora del grupo Santander y de las relaciones con el Ayuntamiento de la PAH Valencia.

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